jueves, 27 de septiembre de 2012

Corea del Sur suministra a Panamá moderno centro de acceso a TIC

Panamá y Corea del Sur inauguraron un moderno centro de acceso a tecnologías de información y comunicación (CATIC) que coloca al país a la vanguardia a nivel centroamericano en este segmento, informó una fuente oficial.

El centro, con una inversión de 700 mil dólares (9 millones 45 mil pesos aproximadamente) poco más de la mitad donados por Corea, se ubica en un edificio de la Ciudad del Saber, en la antigua base militar estadounidense de Clayton, a orillas del Canal de Panamá, indicó la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en un comunicado.

El administrador general de la AIG, Eduardo Jaén, sostuvo que "el CATIC tiene como propósito capacitar a profesionales de la industria TIC, funcionarios públicos y a estudiantes universitarios en el uso de las herramientas y las tecnologías más avanzadas".

Este centro contará con tecnología punta, internet de alta velocidad, salones de clase inteligentes con capacidad para 80 estudiantes y salones de capacitación virtual con equipos de vídeo conferencia y multimedia de clase mundial, que permitirán sesiones de aprendizaje remotas con los mejores instructores del mundo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, explicó Jaén.

La creación del CATIC es uno de los compromisos adquiridos en el memorándum de entendimiento entre la AIG y el Ministerio de Administración Pública y Seguridad (MOPAS, por su sigla en inglés) de Corea, precisa la AIG.

El proyecto en sí estuvo a cargo de la Agencia de la Sociedad de la Información (NIA) del Gobierno coreano, con quien la AIG ha trabajado en el desarrollo de estrategias para el fomento de una industria TIC a nivel nacional.

La ceremonia protocolaria de apertura estuvo presidida por Jaén, el director general del Instituto Nacional de Formación y Desarrollo Humano (INADEH), Jose Pablo Ramos; el viceministro del MOPAS, Chang Kwangsoo, y el embajador de Corea del Sur en Panamá, Doo Jungsoo.

La AIG, creada el 30 de octubre de 2009, es la entidad del Estado panameño encargada de planificar, coordinar, emitir directrices, supervisar, apoyar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones en el sector gubernamental para la modernización de la gestión pública, añade la fuente.

EFE

miércoles, 19 de septiembre de 2012

Política pública integral para las TICs

Ernesto Piedras

No resulta excesivo insistir en que, hoy día, pareciéramos vivir con una confusión o una indecisión con respecto al tipo de sector de telecomunicaciones que necesita nuestro país. Y su consecuente indefinición nos cuesta mucho en términos de competitividad y bienestar social. Seguimos careciendo de la capacidad que han mostrado nuestros principales rivales comerciales para ajustarnos a las nuevas condiciones económicas que derivan del avance tecnológico, con adecuaciones y reformas regulatorias y legales en el campo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs).

Es importante -además de urgente- pensar transversalmente en estos temas de las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información.

¿Cómo? De forma tal que, al delinear políticas educativas, se haga en términos del siglo XXI: con conectividad, que no abandone los recursos valiosos de la educación tradicional, pero que se refuerce con ideas como un libro de texto electrónico, aulas digitales, recursos y contenidos en línea, capacitación magisterial remota, etcétera. También, como todo gobierno nacional, estatal o municipal que se pronuncia por ser intensivo en la generación de empleo, que lo haga con un enfoque de capital humano de alta productividad, como la que resulta de las TICs. Y, así, sucesivamente para todos los temas de la agenda nacional como son la seguridad, la salud, el crecimiento económico, el desarrollo integral, la cultura y todos los demás, pero basados y fortalecidos con estos beneficios del -que parece ya imparable- progreso tecnológico.


Política Pública Integral (PPI)

Para todo lo anterior, es necesario contar con una Política Pública Integral (PPI) para las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información. Una PPI se puede describir como el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, para el fomento y apoyo de un sector económico o social de destacada importancia, con el fin de tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Y la pregunta aquí es si existe en México ese conjunto de medidas articuladas con la fortaleza institucional que ameriten llamarse una política pública para las telecomunicaciones. La respuesta es negativa: categóricamente, no.

Si acaso existe una serie de acciones y medidas, relativamente conectadas, que se basan en una arquitectura institucional que a todas luces resulta insuficiente. Y eso por no mencionar la desatención que prevalece desde el gobierno federal y los estatales hacia los temas de telecomunicaciones como interconexión, concesiones, competencia, política fiscal de fomento, así como sus efectos sistémicos sobre la economía y la sociedad. El potencial sobre la generación de empleo, crecimiento económico, salud, educación, entre otros, es innegable, pero queda ampliamente desaprovechado.

El mercado por sí solo puede y hace mucho. Pero no lo logra todo. Una PPI efectiva debería, de una vez por todas, lograr la competencia efectiva más allá de discursos y litigios. Pero también debería llegar a toda la población con instrumentos también efectivos y hasta imaginativos. Pero no lo hace.

Desde el inicio de su difusión masiva, se ha reconocido a las telecomunicaciones y las TICs como un recurso que permite a sus usuarios traspasar fronteras geográficas, culturales y jurisdiccionales para el acceso y difusión de la información, así como para el intercambio comercial. Sin embargo, en México, nos encontramos por debajo de nuestro potencial en el uso y la disponibilidad de las TICs, así como con respecto a nuestros principales socios comerciales e incluso al compararnos con otros países de condiciones similares.

Por ello, resulta indispensable implementar en México una política pública enfocada a incrementar el uso democrático de las TIC, encaminada a robustecer el desarrollo económico y social del país, con el fin de mejorar el crecimiento económico y el bienestar social, es decir, el desarrollo económico integral.

Asimismo, esta Política Pública Integral debe ser, además de eso (integral), incluyente, con el objetivo de beneficiar a los sectores económicos y a la sociedad en su conjunto, ya que sólo involucrando a todos los actores de la economía nacional podrán obtenerse los impactos transversales que derivan del uso y aprovechamiento de las TICs. Estas políticas deben, entonces, promover el desarrollo económico mediante el despliegue de infraestructura, los incentivos a la inversión, tanto pública como privada, así como el aumento en la competencia efectiva al interior de la industria.

Derivado de una política que fomente la expansión de la cobertura, mejore la distribución de infraestructura en el país, promueva la adopción de los servicios a través de una educación digital e incluyente, será posible para todos los mexicanos alcanzar la derrama productiva que este importante sector aporta a la economía nacional.

sábado, 15 de septiembre de 2012

Secretaría de TIC, viable si evita la burocracia

La creación de una Secretaría de Estado dedicada al sector de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), independiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), será viable si ésta no genera mayor burocracia en el aparato gubernamental, aseguró Ildefonso Guajardo Villarreal, vicecoordinador de Política Económica del Presidente electo, Enrique Peña Nieto.

“(El equipo de transición) está en proceso de análisis de la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde solicitudes del sector privado como ésta, siempre y cuando no redunden en mayor burocracia y sean eficientes para el cumplimiento de sus objetivos”, dijo Guajardo Villarreal, entrevistado al término de la XXXIII Convención Anual de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).

La Secretaría de TIC es un proyecto propuesto por la industria, representada por la Canieti y la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de la Información (Amiti), que busca impulsar el sector y sería encargado de coordinar la ejecución de una agenda digital en el país.


En el encuentro anual organizado por la Canieti, la industria reiteró este llamado al gobierno entrante y solicitó mayor apoyo para el desarrollo de las telecomunicaciones y la disminución de la brecha digital a través del impulso a la innovación.

“La necesidad de tener una oficina central que agrupe las comunicaciones y tecnologías de la información. El tener un esfuerzo de ese tipo nos va a ayudar a hacer sinergias en el sector gobierno y privado, que es crítico para el desarrollo del país. Es una petición en la que hemos sido bastante focales en los últimos años”, dijo Juan Alberto González, director de Microsoft México y presidente de la AMITI.

Scott Overson, director de Intel en México, consideró que la oficina deberá tener vocación hacia la innovación y la tecnología, con el incremento de los recursos destinados al desarrollo tecnológico y respaldo con una mayor representación en el Poder Legislativo a través de comisiones.

“Yo esperaría (del nuevo gobierno) una visión bastante amplia con un liderazgo bastante comprometido, innovador y con una ejecución bastante práctica”, agregó Overson.

Impulsar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y promover las asociaciones público-privadas para impulsar el desarrollo de infraestructura para el despliegue de banda ancha será fundamental durante el próximo sexenio para disminuir la brecha digital y potenciar la competitividad de las empresas, consideró Rolando Zubirán, director general de Alestra.

René Sagastuy Ferrándiz, director de Marcatel, coincidió en que el gobierno federal deberá crear un “sitio parejo de mercado” para que tanto grandes como pequeñas empresas puedan participar en el desarrollo del sector.

Julio Sánchez Onofre / El Economista